En primer lugar se carga el peso de la reactivación económica reduciendo el poder adquisitivo de la clase trabajadora (de por si bastante depauperado) ya que son los trabajadores que la componen los que tienen que trabajar más tiempo para alcanzar una jubilación digna.
En segundo lugar con esta medida, se verá perjudicado el consumo privado ya que será mayor el número de pensionistas que tengan pensiones mediocres por no haber cotizado el tiempo necesario y los trabajadores tendrán que destinar más ahorro para cubrir en menor cuantía sus necesidades futuras.
Tercero, se agudizan las desigualdades entre los empleados durante más tiempo frente aquellos que han tenido menos oportunidades de trabajar; ni jubilados - los que desafortunadamente no hayan podido trabajar más tiempo y cotizado a la SS (seguridad social) - tendrán posibilidades de llevar una vida digna.
Por último y además si los que tienen trabajo tienen que trabajar más tiempo para jubilarse ¿Cuándo van a dejar que los jóvenes actualmente sobradamente preparados JASP ocupen su posición social?
Los bancos, las gestoras de pensiones y las compañías de seguros de vida, que tienen más tiempo el dinero en sus manos sin necesidad de cubrir las prestaciones -ya que mayormente todos los seguros y planes de pensiones están indiciados a la posibilidad de jubilación por la seguridad social para que los beneficiarios puedan cobrar y reclamar sus aportaciones- por lo que con esta reforma se les está facilitando un período gratuito de carencia (salvo que los contratos privados ya establecidos no se vieran afectados por la reforma, estableciendo una salvedad en la aplicación a los planes de pensiones y seguros en la ley que se apruebe en el Parlamento)
¿Está en lo cierto Cayo Lara cuándo afirma: "que la reforma del sistema de pensiones, a su juicio, está pensada para que la banca haga el gran negocio del siglo con los planes de pensiones privados"?
Creo que sus reflexiones (las del coordinador general de Izquierda Unida -por más que nos pese- son bastante acertadas y a los sindicatos y a los trabajadores, les han vuelto a endosar las consecuencias de la crisis generada por los especuladores financieros.
Los poderosos se preparan las normas sobre pensiones de forma diferente.
Los poderosos se blindan.
Este es el caso de los miembros que forman parte de la Comisión del Pacto de Toledo, los diputados, los miembros del gobierno que nos anuncian que vamos a tener que trabajar más, por la ampliación del periodo de tiempo para calcular lo que cobraremos por las pensiones, y no dan ejemplo aplicando el mismo rasero a sus propias pensiones.
Se hace una cosa y la contraria, no es de recibo que haya trabajadores que pueden acceder a un tipo de jubilación y trabajadores que tienen que aceptar lo que se diga desde la Comisión del Pacto de Toledo o el Gobierno. Pensemos en lo que pasa en las Cajas de Ahorro que ofrecen a sus empleados que se prejubilen a partir de los 55 años y cobrando el 90 por ciento del salario.
Y que decir de los expresidentes..., con sus retribuciones como asesores de empresas energéticas ¿No tendrán suficiente? que siquen cobrando pensiones vitalicias a cuenta del erario público.
La mejor forma de garantizar las pensiones futuras es generando, compartiendo empleos y potenciado la productividad, no repartiendo pobreza . Se conseguirá avanzar si se redistribuyen las rentas entre los sectores productivos y los trabajadores, fomentando el cooperativismo y las sociedades laborales; no acumulando capital en entidades especuladoras financieras y sectores públicos sin ética ni profesionalidad. Los que nos llevaron a esta crisis no creo que nos saquen de ella, más bien seguirán agudizándola.
Los jueces están haciendo camino al interpretar justamente las leyes. La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra considera que devolver al banco un piso hipotecado es suficiente para saldar la deuda contraída aunque el inmueble haya perdido valor por la crisis, por lo que reprocha desde un punto de vista moral, que el BBVA siguiera reclamando las deuda.
La consideración homógenea de la valoración inicial de la vivienda en la concesión de la hipoteca y en su liquidación es una medida de equidad que ayudará a combatir la especulación.
