Sorprendente reforma económica.
En mi anterior intervención realicé una serie de observaciones, sobre lo que pensaba que era conveniente para ejecutar una adecuada política fiscal, ante la reforma que el gobierno estaba preparando para acometer la crisis. Es claro que, los problemas derivados han impactado en el sistema capitalista mundial y su repercusión ha sido muy fuerte en la España internacionalizada, especialmente, en el nivel de empleo y es éste el punto clave que deberían atajar las medidas de política económica que el Gobierno plantee.
De aquellas medidas que yo defendía, el gobierno ha coincidido con quitar la ayuda a la natalidad que se entregaba a las madres de 2500 € lineales con independencia del grado de necesidad del español nacido. No podía imaginar en aquel momento, las medidas que se han planteado ahora por el Gobierno, ni siquiera intuir su factibilidad, viabilidad y eficacia.
Si empezamos por el recorte propuesto para el salario de los funcionarios, podemos apreciar que esta actuación gubernamental y en general la que se derive en el resto de las administraciones públicas, se debe someter a las normas que regula el derecho administrativo y como norma de rango superior a la Constitución. Habrá que estudiar todas las repercusiones administrativas, legales y jurídicas que se van a derivar de tal planteamiento político económico, que parece se va llevar a cabo por decreto ley. En este sentido no me cabe la menor duda de que se plantearan recursos administrativos, contencioso-administrativos que pueden terminar en la sala cuarta del Tribunal Supremo, o si me apuran llegar al propio Tribunal Constitucional, en cuanto pueda interpretar de trato desigual a los españoles funcionarios que soportaran los recortes de la crisis de forma explicita y diferente, del resto de los españoles empresarios o empleados o desempleados laborales que no son funcionarios.
La implicación en la reforma laboral.
Lo que más me inquieta de todo este tema político es que el ejemplo que ha dado el patrón Estado con sus funcionarios, pueda ser trasladado a las relaciones de los patrones empresarios con sus trabajadores es decir a la tan recurrente reforma laboral. En este sentido si el traslado pudiera realizarse; cuestión bastante complicada, dadas las particularidades del las normas de derecho laboral que regulan los salarios de los trabajadores ¿Cómo podría afectar este cambio sobrevenido en polítca económica, en las negociaciones que se están llevando ahora sobre la reforma del mercado laboral? El acuerdo marco que buscan los trabajadores y empresarios para acometer dicha reforma está muy tocado y tras la actuación del gobierno es muy probable que los empresarios, dado el ejemplo pretendan el mismo trato que se ha promovido desde el gobierno para con sus empleados. Por su parte los sindicatos se preparan para lo que se les viene encima y para convocar las movilizaciones necesarias. Inicialmente se ha convocado la huelga de funcionarios, pero se barrunta cada vez más cerca una posible huelga general.
A mi modo de ver esto nos conduce a lo que no debiera conducirnos nunca un gobierno progresista, y es que vamos a pagar los platos que otros rompieron los únicos que no deberíamos vernos afectados, y los especuladores, los consejeros, directivos de bancos, grandes capitalistas, y detentadores de riqueza, van a seguir gestionando las burbujas por ellos generadas y saliendo como se dice "de rositas" de los descalabros económicos que ellos han generado.
En mi anterior intervención realicé una serie de observaciones, sobre lo que pensaba que era conveniente para ejecutar una adecuada política fiscal, ante la reforma que el gobierno estaba preparando para acometer la crisis. Es claro que, los problemas derivados han impactado en el sistema capitalista mundial y su repercusión ha sido muy fuerte en la España internacionalizada, especialmente, en el nivel de empleo y es éste el punto clave que deberían atajar las medidas de política económica que el Gobierno plantee.
De aquellas medidas que yo defendía, el gobierno ha coincidido con quitar la ayuda a la natalidad que se entregaba a las madres de 2500 € lineales con independencia del grado de necesidad del español nacido. No podía imaginar en aquel momento, las medidas que se han planteado ahora por el Gobierno, ni siquiera intuir su factibilidad, viabilidad y eficacia.
Si empezamos por el recorte propuesto para el salario de los funcionarios, podemos apreciar que esta actuación gubernamental y en general la que se derive en el resto de las administraciones públicas, se debe someter a las normas que regula el derecho administrativo y como norma de rango superior a la Constitución. Habrá que estudiar todas las repercusiones administrativas, legales y jurídicas que se van a derivar de tal planteamiento político económico, que parece se va llevar a cabo por decreto ley. En este sentido no me cabe la menor duda de que se plantearan recursos administrativos, contencioso-administrativos que pueden terminar en la sala cuarta del Tribunal Supremo, o si me apuran llegar al propio Tribunal Constitucional, en cuanto pueda interpretar de trato desigual a los españoles funcionarios que soportaran los recortes de la crisis de forma explicita y diferente, del resto de los españoles empresarios o empleados o desempleados laborales que no son funcionarios.
La implicación en la reforma laboral.
Lo que más me inquieta de todo este tema político es que el ejemplo que ha dado el patrón Estado con sus funcionarios, pueda ser trasladado a las relaciones de los patrones empresarios con sus trabajadores es decir a la tan recurrente reforma laboral. En este sentido si el traslado pudiera realizarse; cuestión bastante complicada, dadas las particularidades del las normas de derecho laboral que regulan los salarios de los trabajadores ¿Cómo podría afectar este cambio sobrevenido en polítca económica, en las negociaciones que se están llevando ahora sobre la reforma del mercado laboral? El acuerdo marco que buscan los trabajadores y empresarios para acometer dicha reforma está muy tocado y tras la actuación del gobierno es muy probable que los empresarios, dado el ejemplo pretendan el mismo trato que se ha promovido desde el gobierno para con sus empleados. Por su parte los sindicatos se preparan para lo que se les viene encima y para convocar las movilizaciones necesarias. Inicialmente se ha convocado la huelga de funcionarios, pero se barrunta cada vez más cerca una posible huelga general.
A mi modo de ver esto nos conduce a lo que no debiera conducirnos nunca un gobierno progresista, y es que vamos a pagar los platos que otros rompieron los únicos que no deberíamos vernos afectados, y los especuladores, los consejeros, directivos de bancos, grandes capitalistas, y detentadores de riqueza, van a seguir gestionando las burbujas por ellos generadas y saliendo como se dice "de rositas" de los descalabros económicos que ellos han generado.
Nuestro modelo laboral es complejo, pero ha servido para generar empleo de una forma muy rápida en los últimos años y de una forma más generosa que en el resto de Europa, creo que es un modelo suficientemente flexible y eficaz. Si ahora no se genera empleo, es porque hay una escasa actividad económica, y esto no lo salva una reforma laboral. Se identifican erróneamente la reformas estructurales, con los cambios legislativos y pactos de los agentes sociales, que afectan al mercado de trabajo, más no son estas la únicas y como vengo sosteniendo las que se necesitan, no sólo a nivel nacional sino también a nivel internacional y mundial. Son las reformas que afecten a los reequilibrios del comercio internacional y de redistribuciones de rentas entre ciudadanos dentro de los estados afectados las que realmente podría sostener un mundo mejor y mas cohesionado humana y socialmente.
En el mercado laboral, inicialmente los sueldos, no se pueden bajar. Las subidas se consolidan, pero lo que sí se puede es mantener los salarios, incluso aunque los convenios lo obliguen, las empresas se pueden acoger a una garantía de descuelgue por la existencia real de problemas económicos.
Podría haber bajadas si hubiera un acuerdo con los trabajadores en una negociación colectiva.
El Gobierno sí que puede bajar por decreto los sueldos de los funcionarios, teóricamente sin muchas complicaciones, esta diferencia existe entre el sector público y el privado, aunque hasta la fecha no se había producido nunca una bajada de los salarios de los funcionarios.
Otra forma por la que un empresario podría bajar los salarios, sin acuerdo con los trabajadores es mediante el despido de los mismos y realizando contrataciones más baratas. Pero este procedimiento puede salir caro a las empresas, según la normativa laboral que regule las relaciones laborales y las empresas perderían todo el conocimiento adquirido de las personas que despidan.
La importancia de la supervisión financiera de los mercados de capitales.
En la primera de la crisis que hemos padecido a principios de este siglo XXI y, en los casos de Enron, Dynegy, Adelphi, Worldcom o Xerox, se llegó presuntamente y en su mayor parte culpablemente, ha realizar prácticas contables delictivas, tanto que se tuvieron que modificar sustantivamente las normas internacionales de contabilidad usualmente aceptadas. Eran grandes empresas que cotizaban en bolsa y en las que la fiscalización de la actividad económica registrada en la contabilidad, se encomendaba a una firma de gran prestigio en el mundo de la auditoría, como Arthur Andersen, su impacto mediático fue notorio y detonante de una aguda crisis de confianza en los mercados de valores llevando éstos a caídas espectaculares. La misma compañía Arthur Andersen de Estados Unidos, aquí en España, auditó a 2 de cada 3 empresas que cotizan en el Ibex35, entre ellas ENDESA.
Al igual que paso entonces, los organismos gubernamentales de control como la FED, Federal Reserve System la SEC, Securities and Exchanges Commission, fallaron y volvieron a fallar en está última crisis con Freddie Mac , Fannie Mae, AIG y en Leman Brothers y como lo hicieron también las compañías auditoras y las agencias de ratings que calificaban la garantía financiera de dichas empresas. Tanto, Moddy’s, Standard & Poor’s y Fitch Ratings, que controlan más del 90% de este negocio privado, estuvieron en el origen de la crisis de 2008 con sus erróneas interpretaciones y fomentaron el amparo de los auditados bonos construidos a partir de las hipotecas subprime. Las empresas que se contratan para auditar están condicionadas por las compañías auditadas, no son totalmente independientes ya que dependen de que les paguen y contraten de nuevo sus servicios.
La actividad de las agencias de rating y la de la mayor parte de las entidades privadas de regulación y control plantean graves problemas de legitimidad, principalmente por su falta de responsabilidad, pues son prácticamente invulnerables a pesar de la trascendencia de sus decisiones. La Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV) aprobó un Código en diciembre de 2004, para la autorregulación de las agencias de calificación, cuyo objetivo era promover la protección del inversor salvaguardando la integridad del proceso de calificación puesto en entredicho tras los sucesivos escándalos financieros. Su puesta en práctica, sin embargo, tuvo escaso éxito.
En la reciente crisis de 2008 los supervisores norteamericanos, al contrario de lo que puede estimarse en España con la actuación de la CNMV, no dieron la respuesta adecuada a la existencia y proliferación de estos productos financieros de gran complejidad y sin embargo de gran repercusión en la evolución de los mercados.
Por otra parte parece que siguen latentes las relaciones entre la corrupción empresarial y la administración americana y éstas se siguen confirmando día a día. El modelo de sistema económico financiero ha pervertido las personas y ha contribuido a la corrupción en gran escala, rompiendo los principios básicos y éticos y causando un daño masivo y una desconfianza en el que ahora nos encontramos.
Es normal que la Bolsa caiga, o tenga tensiones bajistas. Las empresas mienten sobre sus resultados y cotizan en bolsa y las firmas auditoras no reflejan en sus informes esas mentiras dando cobertura a una cotización falsa a cambio de seguir facturando al mismo cliente. También los organismos reguladores quedan bajo sospecha por su ineficacia y quizás, su implicación. Los inspectores, los funcionarios de todo tipo, no hacen y cumplen con la debida eficacia sus funciones, y dan pie a que los inversionistas sean frecuentemente estafados. La larga lista de ejecutivos de pocos escrúpulos que practican una contabilidad creativa, que conocen, y abusan en exceso, de los entresijos de la política en el mundo, no se recorta y los mecanismos de libre mercado y las propuestas invocadas por responsables de la economías estatales, las grandes multinacionales y los poderes de los organismos internacionales globalizados, permiten que siga creciendo, sin que nada ponga coto a la sustancia que desencadena la existencia reiterada de las crisis, que padecemos.
Las instituciones democráticas estatales, comunitarias e internacionales, debieran centrarse en trabajar para la búsqueda de una clarificación de los intereses que deben de sostener la credibilidad de estas agencias de rating, compañías auditoras y financieras. Perseguir con todos los medios de los poderes democráticos las malas prácticas y castigar las faltas o delitos que surjan de pactos con motivos espurios o corruptos, que puedan desestabilizar los mercados.
La supervisión financiera también debería dar una respuesta eficaz a la aparición de nuevos productos financieros de extraordinaria complejidad que movilizan grandes cantidades de dinero, con previsiones sobre posibles impactos no deseados sobre la pérdida o elusión de las responsabilidades contractuales que en ellos deben de ir implícitos.
En este sentido sirva como ejemplo las medidas tomadas en el Reglamento (CE) nº 1060, de 16 de septiembre de 2009, sobre las agencias de rating que reconoce su importante papel en los mercados de valores y en los mercados bancarios internacionales, pero determina que estas agencias deberán utilizar estándares de evaluación sólidos y no podrán ofrecer servicios de consultoría ni calificar instrumentos financieros si no disponen de información fiable y precisa para los inversores.
Actualmente los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea tratan un principio de acuerdo sobre la directiva encaminada a reforzar el control sobre los gestores de fondos de inversión, especialmente los más especulativos (hedge funds), pese a las reservas de la Comisión Europea y el Reino Unido.
Estos y muchos pasos más son necesarios para prevenir las crisis y en este sentido a estos agentes que las provocan deberían atacar los Gobiernos democráticos no a sus funcionarios ni a sus trabajadores electores
Opinión y alternativas.
Yo creo que el Gobierno, con su presidente al frente está muy mal asesorado y los actos ejecutivos que promueve están equivocados. La carga fiscal y todas estas reformas que evidentemente son necesarias y que debe soportar los gastos sociales, debe fundamentarse en la utilización de escalas progresivas en todo tipo de impuestos personales procurando el principio constitucional de la redistribución equitativa de la renta. Si en vez de recortar los sueldos de los funcionarios hubiera optado por subir escalonadamente los tipos en el IRPF, hubiera obtenido el mismo resultado buscado y hubiera conseguido además una cuestión primordial en un gobierno presuntamente progresista, como debiera ser la redistribución de la riqueza.
El Presidente Zapatero, ha realizado con ejemplaridad toda una serie de avances sociales que había comprometido en su programa electoral que hasta la fecha ha impulsado: Ayuda a la dependencia, mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, reconocimiento de pensiones de viudedad uniones de hecho, posibilitar matrimonios de homosexuales,…etc. Su programa electoral, que no debe olvidar, le hizo presidente y en el se promueve la igualdad de trato y también la redistribución de la renta, “En materia del IRPF queremos seguir avanzando en la mejora de la equidad del gravamen, lo que supone fundamentalmente actuar sobre la tarifa y los mínimos exentos”, y no hay un mandato superior para un presidente que el que le han dado sus ciudadanos, “Adecuaremos los tramos de la tarifa del impuesto con la finalidad de conseguir una mejora de equidad en el tratamiento de los distintos grupos de renta”, estos instrumentos son los que debiera poner en práctica para sacar a su país de la crisis y no los que está poniendo y además muy importante y a considerar:
- Perseguir el fraude fiscal, el volumen de fraude es sólo estimativo, según cálculos del colectivo de técnicos del ministerio de hacienda (GESTHA) se podrían recaudar 38.500 millones de euros, aunque no hay datos oficiales al respecto. Muchos efectivos del colectivo están destinados a los pequeños defraudadores y pocos al fraude a gran escala, las sociedades instrumentales y los paraísos fiscales.
- Los impuestos sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones, deben de retomarse y que graven más a los que más tienen.
- El fraude a la seguridad social.
No se debe permitir, por justicia y equidad social, jornadas laborales que acaparen las necesidades de otros trabajadores que necesariamente quedarán en el paro, porque sus compañeros ambicionan más trabajo del que realmente pueden abarcar. La experiencia me demuestra que la mayoría de los empleadores gusta de aquellos que se entregan en cuerpo y alma a la empresa sin consideraciones sociales y familiares, que dedican más tiempo del necesario a la empresa y qué por la misma tarifa a la seguridad social entregan mucha más plusvalía para su enriquecimiento personal y el del empresario, más ésta es una forma clara de fraude laboral y social. El trabajador que trabaja más horas de su jornada legal, se enriquece injustamente, porque se le retribuye con incentivos por esas horas, normalmente no cotiza ni él ni la empresa, a la seguridad social y ese enriquecimiento injusto lo comparte reparte con el empresario. Con estos ejemplos, los progresos técnicos y sociales a los que todos debiéramos acceder se reparten de forma desigual, ya que otros trabajadores que si cumplen su jornada y pagan en equidad sus costes a la seguridad social, están infravalorados y le cuesta mas progresar.
Igual que hablo de reparto de riqueza, hablo de reparto equitativo de trabajo y no se puede dar el uno sin el otro.
- El lema “el que contamina, paga” ha de ser verdad.
- También se puede estudiar la implantación del copago en muchos servicios sociales especialmente en aquellos que por ser gratuitos, se produce una cierta malversación.
Conclusión.
Como colofón a todas estas medidas de corto plazo, es para mi ineludible mencionar la más trascendental y necesaria medida a realizar: La educación, es la reforma social más importante. Educar para compartir y para ser solidarios, no para acaparar y ser ambiciosos; para amar y ayudar a los demás y no para la apropiación, competición y para el poder. A mi modo de ver esa debería de ser la reforma más importante a nivel nacional pero también global. La educación, es el fundamento de un mundo para la consecución de un desarrollo verdaderamente sostenible. Educar para la convivencia, eliminando egoísmos y aprovechamientos basados en situaciones de poder, heredadas de sistemas capitalistas, neoliberales y de libre mercado que se han forjado en la explotación, el intercambio desigual y en el engaño. No vale educar, como hacemos ahora en nuestras instituciones, para el enriquecimiento rápido, incluso a costa de la apropiación indebida de los bienes ajenos.
Los procesos y sistemas educativos y los de relaciones laborales y sociales se deben de interrelacionar, y ello debe de realizarse bajo la idea de compartir de forma altruista los bienes y derechos que estos ámbitos tenemos.
En todo lo que se oye sobre la educación, y se oyen muchas cosas, estos temas sólo someramente se mencionan, pero son la base que conforman la reforma superestructural ideológica que los estados, las empresas y las familias deben acometer, para que las subsiguientes reformas estructurales económicas se hagan realidad.
Las técnicas han permitido hasta la fecha y en base a un sistema de competencia y libre mercado alcanzar niveles de producción suficientes y que es necesario controlar para que el desarrollo incontrolado sentencie el futuro bienestar de nuestros descendientes, especialmente porqué no vale el crecimiento a toda costa sin límites y sin consideración de que los recursos son limitados. El trabajo es un recurso más, un derecho y una obligación, es necesario que sea compartido y no valen los deseos de medrar que argumentan las empresas y los gobiernos, para que unos empleados sustraigan este derecho a los otros que se quedaran sin emplear. La equidad en el reparto del trabajo existente y la redistribución de las tareas entre los trabajadores potenciales, es la única solución al problema del desempleo.
Es este un camino, que no queda más remedio que andar, si queremos alcanzar una sociedad más justa y un sistema económico más sostenible.
En el mercado laboral, inicialmente los sueldos, no se pueden bajar. Las subidas se consolidan, pero lo que sí se puede es mantener los salarios, incluso aunque los convenios lo obliguen, las empresas se pueden acoger a una garantía de descuelgue por la existencia real de problemas económicos.
Podría haber bajadas si hubiera un acuerdo con los trabajadores en una negociación colectiva.
El Gobierno sí que puede bajar por decreto los sueldos de los funcionarios, teóricamente sin muchas complicaciones, esta diferencia existe entre el sector público y el privado, aunque hasta la fecha no se había producido nunca una bajada de los salarios de los funcionarios.
Otra forma por la que un empresario podría bajar los salarios, sin acuerdo con los trabajadores es mediante el despido de los mismos y realizando contrataciones más baratas. Pero este procedimiento puede salir caro a las empresas, según la normativa laboral que regule las relaciones laborales y las empresas perderían todo el conocimiento adquirido de las personas que despidan.
La importancia de la supervisión financiera de los mercados de capitales.
En la primera de la crisis que hemos padecido a principios de este siglo XXI y, en los casos de Enron, Dynegy, Adelphi, Worldcom o Xerox, se llegó presuntamente y en su mayor parte culpablemente, ha realizar prácticas contables delictivas, tanto que se tuvieron que modificar sustantivamente las normas internacionales de contabilidad usualmente aceptadas. Eran grandes empresas que cotizaban en bolsa y en las que la fiscalización de la actividad económica registrada en la contabilidad, se encomendaba a una firma de gran prestigio en el mundo de la auditoría, como Arthur Andersen, su impacto mediático fue notorio y detonante de una aguda crisis de confianza en los mercados de valores llevando éstos a caídas espectaculares. La misma compañía Arthur Andersen de Estados Unidos, aquí en España, auditó a 2 de cada 3 empresas que cotizan en el Ibex35, entre ellas ENDESA.
Al igual que paso entonces, los organismos gubernamentales de control como la FED, Federal Reserve System la SEC, Securities and Exchanges Commission, fallaron y volvieron a fallar en está última crisis con Freddie Mac , Fannie Mae, AIG y en Leman Brothers y como lo hicieron también las compañías auditoras y las agencias de ratings que calificaban la garantía financiera de dichas empresas. Tanto, Moddy’s, Standard & Poor’s y Fitch Ratings, que controlan más del 90% de este negocio privado, estuvieron en el origen de la crisis de 2008 con sus erróneas interpretaciones y fomentaron el amparo de los auditados bonos construidos a partir de las hipotecas subprime. Las empresas que se contratan para auditar están condicionadas por las compañías auditadas, no son totalmente independientes ya que dependen de que les paguen y contraten de nuevo sus servicios.
La actividad de las agencias de rating y la de la mayor parte de las entidades privadas de regulación y control plantean graves problemas de legitimidad, principalmente por su falta de responsabilidad, pues son prácticamente invulnerables a pesar de la trascendencia de sus decisiones. La Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV) aprobó un Código en diciembre de 2004, para la autorregulación de las agencias de calificación, cuyo objetivo era promover la protección del inversor salvaguardando la integridad del proceso de calificación puesto en entredicho tras los sucesivos escándalos financieros. Su puesta en práctica, sin embargo, tuvo escaso éxito.
En la reciente crisis de 2008 los supervisores norteamericanos, al contrario de lo que puede estimarse en España con la actuación de la CNMV, no dieron la respuesta adecuada a la existencia y proliferación de estos productos financieros de gran complejidad y sin embargo de gran repercusión en la evolución de los mercados.
Por otra parte parece que siguen latentes las relaciones entre la corrupción empresarial y la administración americana y éstas se siguen confirmando día a día. El modelo de sistema económico financiero ha pervertido las personas y ha contribuido a la corrupción en gran escala, rompiendo los principios básicos y éticos y causando un daño masivo y una desconfianza en el que ahora nos encontramos.
Es normal que la Bolsa caiga, o tenga tensiones bajistas. Las empresas mienten sobre sus resultados y cotizan en bolsa y las firmas auditoras no reflejan en sus informes esas mentiras dando cobertura a una cotización falsa a cambio de seguir facturando al mismo cliente. También los organismos reguladores quedan bajo sospecha por su ineficacia y quizás, su implicación. Los inspectores, los funcionarios de todo tipo, no hacen y cumplen con la debida eficacia sus funciones, y dan pie a que los inversionistas sean frecuentemente estafados. La larga lista de ejecutivos de pocos escrúpulos que practican una contabilidad creativa, que conocen, y abusan en exceso, de los entresijos de la política en el mundo, no se recorta y los mecanismos de libre mercado y las propuestas invocadas por responsables de la economías estatales, las grandes multinacionales y los poderes de los organismos internacionales globalizados, permiten que siga creciendo, sin que nada ponga coto a la sustancia que desencadena la existencia reiterada de las crisis, que padecemos.
Las instituciones democráticas estatales, comunitarias e internacionales, debieran centrarse en trabajar para la búsqueda de una clarificación de los intereses que deben de sostener la credibilidad de estas agencias de rating, compañías auditoras y financieras. Perseguir con todos los medios de los poderes democráticos las malas prácticas y castigar las faltas o delitos que surjan de pactos con motivos espurios o corruptos, que puedan desestabilizar los mercados.
La supervisión financiera también debería dar una respuesta eficaz a la aparición de nuevos productos financieros de extraordinaria complejidad que movilizan grandes cantidades de dinero, con previsiones sobre posibles impactos no deseados sobre la pérdida o elusión de las responsabilidades contractuales que en ellos deben de ir implícitos.
En este sentido sirva como ejemplo las medidas tomadas en el Reglamento (CE) nº 1060, de 16 de septiembre de 2009, sobre las agencias de rating que reconoce su importante papel en los mercados de valores y en los mercados bancarios internacionales, pero determina que estas agencias deberán utilizar estándares de evaluación sólidos y no podrán ofrecer servicios de consultoría ni calificar instrumentos financieros si no disponen de información fiable y precisa para los inversores.
Actualmente los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea tratan un principio de acuerdo sobre la directiva encaminada a reforzar el control sobre los gestores de fondos de inversión, especialmente los más especulativos (hedge funds), pese a las reservas de la Comisión Europea y el Reino Unido.
Estos y muchos pasos más son necesarios para prevenir las crisis y en este sentido a estos agentes que las provocan deberían atacar los Gobiernos democráticos no a sus funcionarios ni a sus trabajadores electores
Opinión y alternativas.
Yo creo que el Gobierno, con su presidente al frente está muy mal asesorado y los actos ejecutivos que promueve están equivocados. La carga fiscal y todas estas reformas que evidentemente son necesarias y que debe soportar los gastos sociales, debe fundamentarse en la utilización de escalas progresivas en todo tipo de impuestos personales procurando el principio constitucional de la redistribución equitativa de la renta. Si en vez de recortar los sueldos de los funcionarios hubiera optado por subir escalonadamente los tipos en el IRPF, hubiera obtenido el mismo resultado buscado y hubiera conseguido además una cuestión primordial en un gobierno presuntamente progresista, como debiera ser la redistribución de la riqueza.
El Presidente Zapatero, ha realizado con ejemplaridad toda una serie de avances sociales que había comprometido en su programa electoral que hasta la fecha ha impulsado: Ayuda a la dependencia, mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, reconocimiento de pensiones de viudedad uniones de hecho, posibilitar matrimonios de homosexuales,…etc. Su programa electoral, que no debe olvidar, le hizo presidente y en el se promueve la igualdad de trato y también la redistribución de la renta, “En materia del IRPF queremos seguir avanzando en la mejora de la equidad del gravamen, lo que supone fundamentalmente actuar sobre la tarifa y los mínimos exentos”, y no hay un mandato superior para un presidente que el que le han dado sus ciudadanos, “Adecuaremos los tramos de la tarifa del impuesto con la finalidad de conseguir una mejora de equidad en el tratamiento de los distintos grupos de renta”, estos instrumentos son los que debiera poner en práctica para sacar a su país de la crisis y no los que está poniendo y además muy importante y a considerar:
- Perseguir el fraude fiscal, el volumen de fraude es sólo estimativo, según cálculos del colectivo de técnicos del ministerio de hacienda (GESTHA) se podrían recaudar 38.500 millones de euros, aunque no hay datos oficiales al respecto. Muchos efectivos del colectivo están destinados a los pequeños defraudadores y pocos al fraude a gran escala, las sociedades instrumentales y los paraísos fiscales.
- Los impuestos sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones, deben de retomarse y que graven más a los que más tienen.
- El fraude a la seguridad social.
No se debe permitir, por justicia y equidad social, jornadas laborales que acaparen las necesidades de otros trabajadores que necesariamente quedarán en el paro, porque sus compañeros ambicionan más trabajo del que realmente pueden abarcar. La experiencia me demuestra que la mayoría de los empleadores gusta de aquellos que se entregan en cuerpo y alma a la empresa sin consideraciones sociales y familiares, que dedican más tiempo del necesario a la empresa y qué por la misma tarifa a la seguridad social entregan mucha más plusvalía para su enriquecimiento personal y el del empresario, más ésta es una forma clara de fraude laboral y social. El trabajador que trabaja más horas de su jornada legal, se enriquece injustamente, porque se le retribuye con incentivos por esas horas, normalmente no cotiza ni él ni la empresa, a la seguridad social y ese enriquecimiento injusto lo comparte reparte con el empresario. Con estos ejemplos, los progresos técnicos y sociales a los que todos debiéramos acceder se reparten de forma desigual, ya que otros trabajadores que si cumplen su jornada y pagan en equidad sus costes a la seguridad social, están infravalorados y le cuesta mas progresar.
Igual que hablo de reparto de riqueza, hablo de reparto equitativo de trabajo y no se puede dar el uno sin el otro.
- El lema “el que contamina, paga” ha de ser verdad.
- También se puede estudiar la implantación del copago en muchos servicios sociales especialmente en aquellos que por ser gratuitos, se produce una cierta malversación.
Conclusión.
Como colofón a todas estas medidas de corto plazo, es para mi ineludible mencionar la más trascendental y necesaria medida a realizar: La educación, es la reforma social más importante. Educar para compartir y para ser solidarios, no para acaparar y ser ambiciosos; para amar y ayudar a los demás y no para la apropiación, competición y para el poder. A mi modo de ver esa debería de ser la reforma más importante a nivel nacional pero también global. La educación, es el fundamento de un mundo para la consecución de un desarrollo verdaderamente sostenible. Educar para la convivencia, eliminando egoísmos y aprovechamientos basados en situaciones de poder, heredadas de sistemas capitalistas, neoliberales y de libre mercado que se han forjado en la explotación, el intercambio desigual y en el engaño. No vale educar, como hacemos ahora en nuestras instituciones, para el enriquecimiento rápido, incluso a costa de la apropiación indebida de los bienes ajenos.
Los procesos y sistemas educativos y los de relaciones laborales y sociales se deben de interrelacionar, y ello debe de realizarse bajo la idea de compartir de forma altruista los bienes y derechos que estos ámbitos tenemos.
En todo lo que se oye sobre la educación, y se oyen muchas cosas, estos temas sólo someramente se mencionan, pero son la base que conforman la reforma superestructural ideológica que los estados, las empresas y las familias deben acometer, para que las subsiguientes reformas estructurales económicas se hagan realidad.
Las técnicas han permitido hasta la fecha y en base a un sistema de competencia y libre mercado alcanzar niveles de producción suficientes y que es necesario controlar para que el desarrollo incontrolado sentencie el futuro bienestar de nuestros descendientes, especialmente porqué no vale el crecimiento a toda costa sin límites y sin consideración de que los recursos son limitados. El trabajo es un recurso más, un derecho y una obligación, es necesario que sea compartido y no valen los deseos de medrar que argumentan las empresas y los gobiernos, para que unos empleados sustraigan este derecho a los otros que se quedaran sin emplear. La equidad en el reparto del trabajo existente y la redistribución de las tareas entre los trabajadores potenciales, es la única solución al problema del desempleo.
Es este un camino, que no queda más remedio que andar, si queremos alcanzar una sociedad más justa y un sistema económico más sostenible.
