sábado, 27 de noviembre de 2010

Las crisis del sistema capitalista son necesarias para su propia supervivencia.

Cuando un país alcanza un estado de bienestar elevado, los trabajadores no pueden ser convenientemente explotados por "el capital" y esto hace que los especuladores coloquen a éste en otros mercados, caracterizados por una mano de obra más barata (especialmente en aquellos países que no se prodigan tantos avances sociales y no existen las extrictas normas laborales, que tienen los Estados más desarrollados -dumping-) y en los que se obtienen márgenes de beneficio más acentuados.
En este sentido la crisis de financiación que atraviesan en estos momentos determinados paises de la Unión Europea (entre ellos España) viene en parte fundamentada por la colocación o desvío que la globalización y el modelo de libre circulación de capitales ha permitido  y el flujo de éstos hacia los países llamados potencias emergentes (especialmente Brasil, China, India y en menor medida, Rusia).
En una crisis global como la que vivimos este fenómeno de evasión de capitales se pudo retrasar porque el capital se regeneraba mediante la construcción de viviendas, que a su vez permitía la ocupación de mucha mano de obra barata y no cualificada, incluso absorviendo en "el sistema" sustanciales movimientos migratorios. Mientras que estas obras se iban colocando entre los propios trabajadores, emigrantes y europeos  (especialmente pensionistas de otros países que buscaban para su retiro, una residencia vacacional más habitual en España), todo parecía funcionar correctamente. El caos acontece cuando ya no existen nuevos compradores y aquéllos que se dedicaban a la construcción y otros empleos precarios, que antes habían obtenido financiación, tienen que pagar sus propias viviendas sólo con su salario, pero haciéndose cargo e incorporando en sus hipotecas las comisiones de los espabilados financieros que se las concedieron y los beneficios del capital de las empresas constructoras e inmobiliarias que se dedicaban a esta economía incomprensiblemente sobrevalorada.
 La caída del precio de la vivienda tiene una repercusión mayor de la esperada porque el capital no entiende de problemas sociales de ocupación, sino sólo de obtención inmediata de beneficios, y los propios bancos que financiaron antes estos proyectos desvían los capitales (facilitando inversiones en carteras con capitales extranjeros) hacia los países arriba mencionados.

En el mundo el capital fluye con una rapidez inusitada, pero las casas no pueden moverse de sitio y esa fluidez tampoco caracteriza en el contexto preciso la mano de obra, en los países dónde se encuentra.

Eso hace que la especulación financiera continúe desplazandose libremente por un sistema globalizado, mientras que la burbuja inmobiliaria explota y los capitalistas anónimos que se lucraron, salen indemnes de la operaciones realizadas; los ciudadanos y trabajadores hipotecados tienen que ver rescatadas sus hipotecas, quedando muchas veces en el paro y otras veces incluso en la ruina y sin vivienda. 

De esta manera el sistema consigue de nuevo una mano de obra barata y dócil dispuesta a trabajar por menos salario y el capital puede entonces regresar y el sistema capitalista vuelve a funcionar.
Desafortunadamente los Estados no se ponen de acuerdo para poner freno a la especulación financiera desproporcionada del capital, permitiendo la libre circulación del mismo y por el contrario queda de manifiesto un freno desproporcionado a los movimientos de personas (recordemos los últimos acontecimientos generados en Francia).

sábado, 13 de noviembre de 2010

Promoción profesional



Promoción profesional, empresas y eficiencia.
Entre las recomendaciones que el "Blog salmón" (revista de la web que reúne blogs de carácter económico) me ha producido un grata impresión, encontrar un artículo en el que se apunta una forma diferente de entender la eficacia organizativa y la promoción laboral o profesional. Una posibilidad innovadora que se basa en una conclusión de los años sesenta del psicólogo canadiense Laurence J. Peter: “cada nuevo miembro en una organización jerárquica asciende en la jerarquía hasta alcanzar su nivel de incompetencia máxima”.
El artículo en el que se relata el resultado de un trabajo científico, realizado por Alessandro Pluchino, Andrea Rapisarda y Cesare Garofalo de la Universidad de Catania (Italia), concluye que las mejores estrategias para incrementar (o al menos no disminuir) la eficiencia de una organización, se producen cuando se promociona al trabajador al azar o se alterna sucesivamente la promoción al azar entre los mejores y los peores miembros.
Es una concepción sorprendente e irónica, pero como han relatado y verificado empíricamente los estudiosos citados tiene más fiabilidad de lo que a simple vista parece. Por este motivo he querido aquí mencionarla y en la medida de lo posible extenderla y suscribirla.

La promoción habitualmente ejecutada en las empresas.
Generalmente en las empresas, se suele premiar a aquellos trabajadores que pasan los días realizando extensas jornadas de trabajo, con independencia de los resultados obtenidos. Se premia al empleado que pasa más tiempo en las oficinas o centros de trabajo y no al que es más eficiente realizando sus tareas, por este motivo en muchas ocasiones se promociona por méritos realmente inexistentes.
Por otra parte, es muy probable que una persona que desempeña con gran eficiencia un puesto de trabajo determinado, no lo haga de igual forma, al ocupar un puesto de otro nivel superior o inferior.
La empresa asume (con estas actitudes de rigidez organizativa) riesgos de eficiencia, al promocionar por evaluaciones de desempeño parciales y no considerar elementos potenciales que todavía no han sido descubiertos y pueden estar latentes en algunos empleados; que al no haber sido tan considerados desarrollando unas tareas no han tenido (ni tendrán) oportunidades, y que podrían ser mucho más eficientes desarrollándose en otras ocupaciones laborales o en diferentes niveles jerárquicos y profesionales.
En muchos casos los jefes y mentores no promueven a los mejores sino a aquellos que son más afines a sus ideas o que les resultan más cómodos para sus intereses personales, que no siempre coinciden con los de la empresa en la que trabajan. Mencionar aparte los que hacen del nepotismo, característica fundamental de su comportamiento en su devenir laboral y profesional. En estos casos se suelen rodear de colaboradores sumisos más que de personal competente, incluso por el temor a verse superados, sus decisiones sobre promociones suelen ser inconvenientes (más que ventajas) para la eficacia de la organización.
Colofón.
En resumidas cuentas, el estudio del señor Laurence J. Peter y el principio que del mismo se deriva está bastante fundamentado. La cuestión es que los departamentos de recursos humanos de las empresas lo consideren y los responsables permitan su aplicación. Es más que probable, que muchos puestos de directivos estén ocupados por personas que no tienen la suficiente preparación (no cualificación) para su ejercicio, aunque en su día si fueran unos grandes trabajadores o profesionales; esto conduce a graves errores en las políticas ejecutivas y en las decisiones que toman las personas responsables en muchas organizaciones.

domingo, 19 de septiembre de 2010

La huelga general



Un buen vídeo , el realizado para la convocatoria de la huelga por las juventudes de CC OO sobre la situación en la que nos encontramos. Lo que no veo tan claro es que la convocatoria de la huelga general, sea la actuación sindical más correcta, para recuperar el inicial espíritu de la política social del gobierno socialista de los últimos años. Como sostengo en mis comentarios anteriores la política económica del gobierno viene condicionada por las relaciones que España sostiene internacionalmente y en especial las que se mantienen por nuestra status de miembro de la Unión Europea. Estos condicionantes supranacionales han llevado a que el gobierno de Zapatero haya tenido que dar un cambio de rumbo en su inicial talante social para adaptarse a las directrices que actualmente se marcan por los países con más peso en el ámbito comunitario: Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña,…, países en los que están gobernando partidos conservadores.
El cambio simple que se propone es la reducción de las iniciativas de los sistemas públicos para volver a dejar en manos del sector privado y de la actividad de mercado, la salida de la crisis en la que dicho sector nos ha metido, particularmente los capitales financieros e inmobiliarios. Menos déficit público, menos deuda pública, más impuestos a los consumidores y por ende más confianza en la economía de mercado. El futuro nos dirá si no hubiera sido mejor mantener una política coherente con nuestra idiosincrasia nacional, contraria a la que sostiene el resto de lo que promueven nuestros socios europeos y más acorde con la que sugieren los sindicatos.

martes, 18 de mayo de 2010

La sorprendente política económica del Gobierno de España.


Sorprendente reforma económica.

En mi anterior intervención realicé una serie de observaciones, sobre lo que pensaba que era conveniente para ejecutar una adecuada política fiscal, ante la reforma que el gobierno estaba preparando para acometer la crisis. Es claro que, los problemas derivados han impactado en el sistema capitalista mundial y su repercusión ha sido muy fuerte en la España internacionalizada, especialmente, en el nivel de empleo y es éste el punto clave que deberían atajar las medidas de política económica que el Gobierno plantee.
De aquellas medidas que yo defendía, el gobierno ha coincidido con quitar la ayuda a la natalidad que se entregaba a las madres de 2500 € lineales con independencia del grado de necesidad del español nacido. No podía imaginar en aquel momento, las medidas que se han planteado ahora por el Gobierno, ni siquiera intuir su factibilidad, viabilidad y eficacia.
Si empezamos por el recorte propuesto para el salario de los funcionarios, podemos apreciar que esta actuación gubernamental y en general la que se derive en el resto de las administraciones públicas, se debe someter a las normas que regula el derecho administrativo y como norma de rango superior a la Constitución. Habrá que estudiar todas las repercusiones administrativas, legales y jurídicas que se van a derivar de tal planteamiento político económico, que parece se va llevar a cabo por decreto ley. En este sentido no me cabe la menor duda de que se plantearan recursos administrativos, contencioso-administrativos que pueden terminar en la sala cuarta del Tribunal Supremo, o si me apuran llegar al propio Tribunal Constitucional, en cuanto pueda interpretar de trato desigual a los españoles funcionarios que soportaran los recortes de la crisis de forma explicita y diferente, del resto de los españoles empresarios o empleados o desempleados laborales que no son funcionarios.

La implicación en la reforma laboral.

Lo que más me inquieta de todo este tema político es que el ejemplo que ha dado el patrón Estado con sus funcionarios, pueda ser trasladado a las relaciones de los patrones empresarios con sus trabajadores es decir a la tan recurrente reforma laboral. En este sentido si el traslado pudiera realizarse; cuestión bastante complicada, dadas las particularidades del las normas de derecho laboral que regulan los salarios de los trabajadores ¿Cómo podría afectar este cambio sobrevenido en polítca económica, en las negociaciones que se están llevando ahora sobre la reforma del mercado laboral? El acuerdo marco que buscan los trabajadores y empresarios para acometer dicha reforma está muy tocado y tras la actuación del gobierno es muy probable que los empresarios, dado el ejemplo pretendan el mismo trato que se ha promovido desde el gobierno para con sus empleados. Por su parte los sindicatos se preparan para lo que se les viene encima y para convocar las movilizaciones necesarias. Inicialmente se ha convocado la huelga de funcionarios, pero se barrunta cada vez más cerca una posible huelga general.
A mi modo de ver esto nos conduce a lo que no debiera conducirnos nunca un gobierno progresista, y es que vamos a pagar los platos que otros rompieron los únicos que no deberíamos vernos afectados, y los especuladores, los consejeros, directivos de bancos, grandes capitalistas, y detentadores de riqueza, van a seguir gestionando las burbujas por ellos generadas y saliendo como se dice "de rositas" de los descalabros económicos que ellos han generado.
Nuestro modelo laboral es complejo, pero ha servido para generar empleo de una forma muy rápida en los últimos años y de una forma más generosa que en el resto de Europa, creo que es un modelo suficientemente flexible y eficaz. Si ahora no se genera empleo, es porque hay una escasa actividad económica, y esto no lo salva una reforma laboral. Se identifican erróneamente la reformas estructurales, con los cambios legislativos y pactos de los agentes sociales, que afectan al mercado de trabajo, más no son estas la únicas y como vengo sosteniendo las que se necesitan, no sólo a nivel nacional sino también a nivel internacional y mundial. Son las reformas que afecten a los reequilibrios del comercio internacional y de redistribuciones de rentas entre ciudadanos dentro de los estados afectados las que realmente podría sostener un mundo mejor y mas cohesionado humana y socialmente.

En el mercado laboral, inicialmente los sueldos, no se pueden bajar. Las subidas se consolidan, pero lo que sí se puede es mantener los salarios, incluso aunque los convenios lo obliguen, las empresas se pueden acoger a una garantía de descuelgue por la existencia real de problemas económicos.

Podría haber bajadas si hubiera un acuerdo con los trabajadores en una negociación colectiva.

El Gobierno sí que puede bajar por decreto los sueldos de los funcionarios, teóricamente sin muchas complicaciones, esta diferencia existe entre el sector público y el privado, aunque hasta la fecha no se había producido nunca una bajada de los salarios de los funcionarios.

Otra forma por la que un empresario podría bajar los salarios, sin acuerdo con los trabajadores es mediante el despido de los mismos y realizando contrataciones más baratas. Pero este procedimiento puede salir caro a las empresas, según la normativa laboral que regule las relaciones laborales y las empresas perderían todo el conocimiento adquirido de las personas que despidan.

La importancia de la supervisión financiera de los mercados de capitales.

En la primera de la crisis que hemos padecido a principios de este siglo XXI y, en los casos de Enron, Dynegy, Adelphi, Worldcom o Xerox, se llegó presuntamente y en su mayor parte culpablemente, ha realizar prácticas contables delictivas, tanto que se tuvieron que modificar sustantivamente las normas internacionales de contabilidad usualmente aceptadas. Eran grandes empresas que cotizaban en bolsa y en las que la fiscalización de la actividad económica registrada en la contabilidad, se encomendaba a una firma de gran prestigio en el mundo de la auditoría, como Arthur Andersen, su impacto mediático fue notorio y detonante de una aguda crisis de confianza en los mercados de valores llevando éstos a caídas espectaculares. La misma compañía Arthur Andersen de Estados Unidos, aquí en España, auditó a 2 de cada 3 empresas que cotizan en el Ibex35, entre ellas ENDESA.
Al igual que paso entonces, los organismos gubernamentales de control como la FED, Federal Reserve System la SEC, Securities and Exchanges Commission, fallaron y volvieron a fallar en está última crisis con Freddie Mac , Fannie Mae, AIG y en Leman Brothers y como lo hicieron también las compañías auditoras y las agencias de ratings que calificaban la garantía financiera de dichas empresas. Tanto, Moddy’s, Standard & Poor’s y Fitch Ratings, que controlan más del 90% de este negocio privado, estuvieron en el origen de la crisis de 2008 con sus erróneas interpretaciones y fomentaron el amparo de los auditados bonos construidos a partir de las hipotecas subprime. Las empresas que se contratan para auditar están condicionadas por las compañías auditadas, no son totalmente independientes ya que dependen de que les paguen y contraten de nuevo sus servicios.
La actividad de las agencias de rating y la de la mayor parte de las entidades privadas de regulación y control plantean graves problemas de legitimidad, principalmente por su falta de responsabilidad, pues son prácticamente invulnerables a pesar de la trascendencia de sus decisiones. La Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV) aprobó un Código en diciembre de 2004, para la autorregulación de las agencias de calificación, cuyo objetivo era promover la protección del inversor salvaguardando la integridad del proceso de calificación puesto en entredicho tras los sucesivos escándalos financieros. Su puesta en práctica, sin embargo, tuvo escaso éxito.
En la reciente crisis de 2008 los supervisores norteamericanos, al contrario de lo que puede estimarse en España con la actuación de la CNMV, no dieron la respuesta adecuada a la existencia y proliferación de estos productos financieros de gran complejidad y sin embargo de gran repercusión en la evolución de los mercados.
Por otra parte parece que siguen latentes las relaciones entre la corrupción empresarial y la administración americana y éstas se siguen confirmando día a día. El modelo de sistema económico financiero ha pervertido las personas y ha contribuido a la corrupción en gran escala, rompiendo los principios básicos y éticos y causando un daño masivo y una desconfianza en el que ahora nos encontramos.
Es normal que la Bolsa caiga, o tenga tensiones bajistas. Las empresas mienten sobre sus resultados y cotizan en bolsa y las firmas auditoras no reflejan en sus informes esas mentiras dando cobertura a una cotización falsa a cambio de seguir facturando al mismo cliente. También los organismos reguladores quedan bajo sospecha por su ineficacia y quizás, su implicación. Los inspectores, los funcionarios de todo tipo, no hacen y cumplen con la debida eficacia sus funciones, y dan pie a que los inversionistas sean frecuentemente estafados. La larga lista de ejecutivos de pocos escrúpulos que practican una contabilidad creativa, que conocen, y abusan en exceso, de los entresijos de la política en el mundo, no se recorta y los mecanismos de libre mercado y las propuestas invocadas por responsables de la economías estatales, las grandes multinacionales y los poderes de los organismos internacionales globalizados, permiten que siga creciendo, sin que nada ponga coto a la sustancia que desencadena la existencia reiterada de las crisis, que padecemos.

Las instituciones democráticas estatales, comunitarias e internacionales, debieran centrarse en trabajar para la búsqueda de una clarificación de los intereses que deben de sostener la credibilidad de estas agencias de rating, compañías auditoras y financieras. Perseguir con todos los medios de los poderes democráticos las malas prácticas y castigar las faltas o delitos que surjan de pactos con motivos espurios o corruptos, que puedan desestabilizar los mercados.

La supervisión financiera también debería dar una respuesta eficaz a la aparición de nuevos productos financieros de extraordinaria complejidad que movilizan grandes cantidades de dinero, con previsiones sobre posibles impactos no deseados sobre la pérdida o elusión de las responsabilidades contractuales que en ellos deben de ir implícitos.

En este sentido sirva como ejemplo las medidas tomadas en el Reglamento (CE) nº 1060, de 16 de septiembre de 2009, sobre las agencias de rating que reconoce su importante papel en los mercados de valores y en los mercados bancarios internacionales, pero determina que estas agencias deberán utilizar estándares de evaluación sólidos y no podrán ofrecer servicios de consultoría ni calificar instrumentos financieros si no disponen de información fiable y precisa para los inversores.

Actualmente los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea tratan un principio de acuerdo sobre la directiva encaminada a reforzar el control sobre los gestores de fondos de inversión, especialmente los más especulativos (hedge funds), pese a las reservas de la Comisión Europea y el Reino Unido.

Estos y muchos pasos más son necesarios para prevenir las crisis y en este sentido a estos agentes que las provocan deberían atacar los Gobiernos democráticos no a sus funcionarios ni a sus trabajadores electores

Opinión y alternativas.

Yo creo que el Gobierno, con su presidente al frente está muy mal asesorado y los actos ejecutivos que promueve están equivocados. La carga fiscal y todas estas reformas que evidentemente son necesarias y que debe soportar los gastos sociales, debe fundamentarse en la utilización de escalas progresivas en todo tipo de impuestos personales procurando el principio constitucional de la redistribución equitativa de la renta. Si en vez de recortar los sueldos de los funcionarios hubiera optado por subir escalonadamente los tipos en el IRPF, hubiera obtenido el mismo resultado buscado y hubiera conseguido además una cuestión primordial en un gobierno presuntamente progresista, como debiera ser la redistribución de la riqueza.

El Presidente Zapatero, ha realizado con ejemplaridad toda una serie de avances sociales que había comprometido en su programa electoral que hasta la fecha ha impulsado: Ayuda a la dependencia, mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, reconocimiento de pensiones de viudedad uniones de hecho, posibilitar matrimonios de homosexuales,…etc. Su programa electoral, que no debe olvidar, le hizo presidente y en el se promueve la igualdad de trato y también la redistribución de la renta, “En materia del IRPF queremos seguir avanzando en la mejora de la equidad del gravamen, lo que supone fundamentalmente actuar sobre la tarifa y los mínimos exentos”, y no hay un mandato superior para un presidente que el que le han dado sus ciudadanos, “Adecuaremos los tramos de la tarifa del impuesto con la finalidad de conseguir una mejora de equidad en el tratamiento de los distintos grupos de renta”, estos instrumentos son los que debiera poner en práctica para sacar a su país de la crisis y no los que está poniendo y además muy importante y a considerar:

- Perseguir el fraude fiscal, el volumen de fraude es sólo estimativo, según cálculos del colectivo de técnicos del ministerio de hacienda (GESTHA) se podrían recaudar 38.500 millones de euros, aunque no hay datos oficiales al respecto. Muchos efectivos del colectivo están destinados a los pequeños defraudadores y pocos al fraude a gran escala, las sociedades instrumentales y los paraísos fiscales.

- Los impuestos sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones, deben de retomarse y que graven más a los que más tienen.

- El fraude a la seguridad social.

No se debe permitir, por justicia y equidad social, jornadas laborales que acaparen las necesidades de otros trabajadores que necesariamente quedarán en el paro, porque sus compañeros ambicionan más trabajo del que realmente pueden abarcar. La experiencia me demuestra que la mayoría de los empleadores gusta de aquellos que se entregan en cuerpo y alma a la empresa sin consideraciones sociales y familiares, que dedican más tiempo del necesario a la empresa y qué por la misma tarifa a la seguridad social entregan mucha más plusvalía para su enriquecimiento personal y el del empresario, más ésta es una forma clara de fraude laboral y social. El trabajador que trabaja más horas de su jornada legal, se enriquece injustamente, porque se le retribuye con incentivos por esas horas, normalmente no cotiza ni él ni la empresa, a la seguridad social y ese enriquecimiento injusto lo comparte reparte con el empresario. Con estos ejemplos, los progresos técnicos y sociales a los que todos debiéramos acceder se reparten de forma desigual, ya que otros trabajadores que si cumplen su jornada y pagan en equidad sus costes a la seguridad social, están infravalorados y le cuesta mas progresar.
Igual que hablo de reparto de riqueza, hablo de reparto equitativo de trabajo y no se puede dar el uno sin el otro.

- El lema “el que contamina, paga” ha de ser verdad.

- También se puede estudiar la implantación del copago en muchos servicios sociales especialmente en aquellos que por ser gratuitos, se produce una cierta malversación.

Conclusión.

Como colofón a todas estas medidas de corto plazo, es para mi ineludible mencionar la más trascendental y necesaria medida a realizar: La educación, es la reforma social más importante. Educar para compartir y para ser solidarios, no para acaparar y ser ambiciosos; para amar y ayudar a los demás y no para la apropiación, competición y para el poder. A mi modo de ver esa debería de ser la reforma más importante a nivel nacional pero también global. La educación, es el fundamento de un mundo para la consecución de un desarrollo verdaderamente sostenible. Educar para la convivencia, eliminando egoísmos y aprovechamientos basados en situaciones de poder, heredadas de sistemas capitalistas, neoliberales y de libre mercado que se han forjado en la explotación, el intercambio desigual y en el engaño. No vale educar, como hacemos ahora en nuestras instituciones, para el enriquecimiento rápido, incluso a costa de la apropiación indebida de los bienes ajenos.

Los procesos y sistemas educativos y los de relaciones laborales y sociales se deben de interrelacionar, y ello debe de realizarse bajo la idea de compartir de forma altruista los bienes y derechos que estos ámbitos tenemos.
En todo lo que se oye sobre la educación, y se oyen muchas cosas, estos temas sólo someramente se mencionan, pero son la base que conforman la reforma superestructural ideológica que los estados, las empresas y las familias deben acometer, para que las subsiguientes reformas estructurales económicas se hagan realidad.
Las técnicas han permitido hasta la fecha y en base a un sistema de competencia y libre mercado alcanzar niveles de producción suficientes y que es necesario controlar para que el desarrollo incontrolado sentencie el futuro bienestar de nuestros descendientes, especialmente porqué no vale el crecimiento a toda costa sin límites y sin consideración de que los recursos son limitados. El trabajo es un recurso más, un derecho y una obligación, es necesario que sea compartido y no valen los deseos de medrar que argumentan las empresas y los gobiernos, para que unos empleados sustraigan este derecho a los otros que se quedaran sin emplear. La equidad en el reparto del trabajo existente y la redistribución de las tareas entre los trabajadores potenciales, es la única solución al problema del desempleo.

Es este un camino, que no queda más remedio que andar, si queremos alcanzar una sociedad más justa y un sistema económico más sostenible.

lunes, 22 de febrero de 2010

La reforma impositiva que no se aprobó.

El 10 de febrero de 2009, escribía sobre las posibilidades de acometer una reforma fiscal realmente progresiva en los impuestos en España. Finalmente el gobierno se inclinó por realizar una reforma con poca sustancia y creo que perjudicial para solventar el problema de la crisis en el que estamos inmersos. La gravedad se va a soportar en los impuestos al consumo y a la inversión: El IVA, incrementa, a partir de julio sus tipos y las rentas del capital se desdoblan en dos tipos según la cuantía alcanzada, perjudicando finalmente las inversiones, eso sí, casi de forma lineal estática, sin que se atisbe por ningún lado una medida de verdadera progresividad. Excepción hecha de la dualidad en los tipos de las rentas del capital y de las plusvalías por ventas de activos financieros, todas las medidas afectan de la misma forma porcentual a los contribuyentes, el mismo tipo de IVA van a pagar los parados que llenen su coche de gasolina, o que paguen su recibo de la luz, que los ejecutivos y consejeros de los bancos y las grandes empresas, tan escuetamente retribuidos, que residen en el Estado Español o cualquiera de los afamados deportistas de nuestra galaxia futbolera. Entiendo que eso no es progresista.
¿Cómo se hubiera realizado una reforma progresista?, creo que la reforma debía fundamentarse sobre los impuestos directos. Habría que ampliar las escalas de gravamen y los tipos límites superiores del IRPF, de modo que se pudieran alcanzar el 50 %, o incluso en rentas muy elevadas del 60 %, y asi se pudieran repercutir la cargas sobre los que más tienen y ganan. Seguir un principio constitucional básico en materia tributaria, que dice que quien más tiene, contribuya más al sistema social. Pero eso hay que llamarlo por su nombre e implica subir los impuestos sobre la renta y que se tomen medidas contra el fraude que muchos intereses no están dispuestos a asumir, por lo que finalmente se prueba con, todos a una como en fuente ovejuna, y que los consumidores y los inversores (eso si los pequeños un poco menos que los grandes) contribuyan a la recuperación de las arcas del Estado. Pero, finalmente a las grandes rentas de: ejecutivos, directores, banqueros, asesores, estrellas galácticas y demás sostenedores y detentadores del mundo global y media que nos toca vivir, no las toque nadie.
Y ahora los que tienen trabajo que les dure, que si se confirman los pronósticos, en el mejor de los casos, sólo van a tener que trabajar más tiempo para alcanzar la misma pensión de jubilación.

La crisis la produjeron aquellos que construyeron castillos en el aire para todos por igual. Mientras que algunos inflaban sus cuentas corrientes con las comisiones que se cobraban por la ventas de hipotecas y por el cumplimiento de objetivos especulativos, otros se encontraban con que sus empresas solicitaban la quiebra o como se dice ahora, el concurso de acreedores, y visto y no visto, en un ERE y en la calle; pero eso si tienen que seguir pagando la hipoteca. Pues ahora todos, los unos y los otros a pagar el mismo IVA y a esperar que con esto, la economía funcione, para que se puedan volver a pagar las cuotas de la seguridad social y para cobrar en su día las pensiones, aquéllos que puedan y hayan cotizado, que serán los mismos que se salvan ahora de una reforma progresista del sistema fiscal del Estado y otros pocos afortunados.

Progresividad que si se recoge coherentemente con el nuevo tratamiento de la deducción de los 400 euros, que se aplica proporcionalmente para los diferentes tipos de rentas: beneficiando mayormente a las inferiores, hasta los 8.000 €, y progresivamente hasta un límite de 12.000 €, en el que ya no tiene sentido esta ayuda social a los más necesitados. Se observa el necesario caracter redistributivo de la función reacudadora del Estado.

Por otra parte se mantiene, a mi modo de ver inadecuadamente, la bonificación por nacimiento de 2500 € para todos los contribuyentes por igual, la función social es ayudar a los más necesitados y en este sentido debe de ir esta ayuda. Sería mejor establecer escalas de progresividad también en esta deducción, incluso se puede decir que está injustificada, a partir de determinados niveles de renta, por lo que un tratamiento similiar a la deducción anterior estaría mas acorde con la necesaria progresividad del sistema impositivo.

La ley de presupuestos ha dejado a la futura ley de economía sostenible , la elaboración de una serie importante de medidas fiscales, que afectarán entre otras cuestiones, al tratamiento de la inversión en vivienda y que tendrán mayor o menor repercusión en función de las decisiones que se tomen posteriormente, dadas las competencias transferidas a las comunidades autónomas en la materia y que analizaremos en su momento.
Adelantar que la diferencias en el planteamiento entre los dos grandes partidos es muy considerable: mientras que el PP está por la labor de incrementar en general los porcentajes de deducción, el PSOE parece que quiere reducirlos y mantenerlos solo para las rentas más bajas y equiparando el trato fiscal para los alquileres, lo que siendo progresista, no creo que sea muy rentable electoralmente dada la raigambre nacional de la aspiración populista de tener vivienda en propiedad. En el futuro se podrán dar circunstancias muy particulares y diferentes en todo el Estado, al establecerse las deducciones fiscales por este concepto, de forma distinta en las distintas comunidades autónomas según estén gobernadas por uno u otro partido, como recoge las medidas que ha este respecto ha establecido la Asamblea de Madrid .
La progresividad es una característica que muchas veces está reñida con el populismo y cuesta votos, pero sólo con ella se podrán realizar reformas estructurales que permitan mejoras y reequilibrios socio-económicos en las desigualdades y crisis generadas constantemente por el propio funcionamiento del sistema capitalista y la economía de mercado. La econosciencia, debería de ayudarnos en el camino hacia la sostenibilidad de las soluciones económicas que se tomen y la redistribución de la riqueza.